Aunque el asunto apenas ha trascendido en los medios, Daimler lleva un par de años intentando defenderse de cargos por corrupción y tráfico de influencias de los que le acusa el ministerio fiscal de los Estados Unidos.

El asunto viene de lejos, y se acusa a Daimler de haber sobornado a cargos públicos de nada menos que 22 países diferentes. Entre 1998 y 2008, Daimler, presuntamente, llevo a cabo estas actividades ilegales en países como Egipto, Rusia, China, Irak, Vietnam o Turquía, entre otros, con el fin de obtener jugosos contratos.

Alguien podría preguntarse sobre qué tienen que decir la justicia estadounidense acerca de la supuesta ilegalidad de las actividades comerciales de una empresa extranjera en países tan lejanos. No se trata de una interpretación del principio de “justicia universal”, sino del hecho de que Daimler, aun siendo alemana, cotiza en bolsa en los Estados Unidos, lo que le obliga a someterse a su jurisdicción.

Ante el cariz que estaba tomando el asunto, y a las evidencias disponibles, Daimler ha optado por cooperar con la investigación, llegar a un acuerdo con la fiscalía y admitir algunos cargos. Acepta pagar una multa de 70 millones de euros y renunciar a beneficios por importe de otros 68 millones. Daimler sigue así los pasos de Siemens AG, otra empresa alemana, que prefirió desembolsar hace unos años 600 millones de euros por cargos parecidos antes que arriesgarse a sufrir penas mayores o verse expulsada del mercado de valores estadounidense.

Los pagos ilegales iban destinados, como es lógico, a cargos políticos con poder de decisión sobre jugosos contratos gubernamentales pendientes de aprobación y figuraban en los libros contables de Daimler con nombres como “descuentos especiales”, “gastos necesarios” o simplemente “comisiones”.